Saludos. En estas fechas celebramos el día de la Constitución española, aunque alguno se pregunta si aún le quedan fuerzas para soplar las velitas. Y es que, efectivamente, en los últimos tiempos se la ha criticado mucho. Se ha dicho, entre otras cosas, que aunque estuvo muy bien en su día, ahora no responde a las necesidades actuales, y que por ello necesita modificarse. Para intentar dirimir esta cuestión, he entresacado algunas propuestas de reforma procedentes de varios grupos políticos (las he colocado de manera resaltada, preferentemente en cursiva) y a continuación cuelgo -procedentes de varios enlaces de Internet- algunas fotografías y/o declaraciones de políticos e instituciones que, a mi juicio, ilustran claramente por qué deben llevarse a cabo dichos cambios.
Y luego, después de eso, os contaré una historia. Paciencia para los que crean que se hace un poco largo, aunque, si queréis, podéis pasar directamente al final en cuanto creáis que habéis cogido la idea.
Empezamos:
La estructura interna y funcionamiento de partidos políticos y sindicatos deberán ser democráticos.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.
Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Albert Rivera: "Las condiciones que exigimos para acceder a la sanidad pública son: tener DNI español o permiso de residencia en España. Las urgencias, los niños, las embarazadas, las enfermedades graves y contagiosas... estos casos también tienen acceso a la sanidad incluso con gente que no cumple la ley en España".
eldiario.es: <<La Agencia Europea de Derechos Fundamentales pidió a los estados miembros que "no debe limitarse sólo a la atención en urgencias, sino que también debe incluir otras formas de asistencia sanitaria esencial, como la posibilidad de asistir al médico y recibir los medicamentos necesarios">>.
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía popular reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado
En definitiva, ¿por qué algunos de los derechos incluidos en la Constitución se consideran ahora privilegios? O, diciéndolo de otra manera, ¿y si en lugar de reformar la Constitución, empezamos primero por creérnosla?
Lo mismo, a partir de entonces, las cosas empiezan a cambiar.
Y luego, después de eso, os contaré una historia. Paciencia para los que crean que se hace un poco largo, aunque, si queréis, podéis pasar directamente al final en cuanto creáis que habéis cogido la idea.
Empezamos:
La estructura interna y funcionamiento de partidos políticos y sindicatos deberán ser democráticos.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (...) El gasto público realizará una asignación
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución
responderán a los criterios de eficiencia y economía. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social
para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán
libres.
Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Albert Rivera: "Las condiciones que exigimos para acceder a la sanidad pública son: tener DNI español o permiso de residencia en España. Las urgencias, los niños, las embarazadas, las enfermedades graves y contagiosas... estos casos también tienen acceso a la sanidad incluso con gente que no cumple la ley en España".
eldiario.es: <<La Agencia Europea de Derechos Fundamentales pidió a los estados miembros que "no debe limitarse sólo a la atención en urgencias, sino que también debe incluir otras formas de asistencia sanitaria esencial, como la posibilidad de asistir al médico y recibir los medicamentos necesarios">>.
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.
Los
poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Los
poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga
a todos los ciudadanos.
La
justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros
órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por
la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la
independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del
interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme
a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con
sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Toda
la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad
está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se
podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente
en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así
lo exigiere el interés general. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y
de la riqueza y su más justa distribución. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales (...)
eldiario.es: <<El líder de Ciudadanos
se refirió de pasada a "un oligopolio eléctrico, en telefónicas,
aerolíneas o gasolineras" (no en banca, su antiguo sector), cuyos abusos
deberían ser, en su opinión, castigados por una autoridad de la
competencia que no tenga, como la actual, a sus "árbitros comprados".
Pero de expropiar, nada. Cualquier tentativa en este sentido "es Cuba".
"Por tu regla de tres, todos los servicios que se prestan en una
sociedad acaban por ser del Estado", dijo Rivera a Iglesias, algo que
tiene un "viejo nombre": comunismo.
Según el líder de
Ciudadanos, Europa no "permite" tener empresas públicas: "Hemos
heredado empresas públicas como Tabacalera, Iberia, y Europa dijo: de
eso, basta", argumentó. Lo cierto es que España privatizó sus empresas
públicas porque así lo quisieron sus Gobiernos de turno. "Pregúntales a
los franceses si tener una compañía eléctrica pública es un modelo
obsoleto", espetó Iglesias a Rivera>>.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía popular reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado
La Nación española, deseando establecer la
justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
-Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
-Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
-Proteger a todos los españoles y pueblos de España en
el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones,
lenguas e instituciones.
-Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
-Establecer una sociedad democrática avanzada, y
-Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
Vale. Ahora viene la historia. Hace bastantes años, en plena Guerra Fría, un grupo de norteamericanos pertenecientes al Partido Demócrata empezaron a repartir panfletos por la calle. Varios republicanos, al leerlos, les acusaron de realizar propaganda comunista. Lo cierto es que esos panfletos contenían fragmentos de la Constitución estadounidense.
Como muchos habréis adivinado, los fragmentos de "propuestas" que he colgado son en realidad artículos extraídos de la Constitución Española, con algunos ligeros cambios de orden y formato de cara a favorecer su exposición. Igualmente, hemos de ser conscientes de que, si la selección hubiera sido realizada de otra forma, el tono de las "propuestas" hubiera parecido muy distinto.
Varios artículos dicen que no hace falta modificar la Constitución: que el problema no es su contenido, sino que de ella se han apropiado precisamente los que nunca creyeron del todo en el texto. Pero nada más lejos de la intención de este post que argumentar que la Constitución de 1978 (una de las pocas de la historia de España que contiene mecanismos para cambiarla) no debe ser modificada. Por ejemplo, Julio Anguita protestaba de que, en virtud del artículo 23, se pueda reclamar ante el Tribunal Constitucional el incumplimiento de algunos epígrafes (los llamados derechos civiles), pero en cambio no se puedan reclamar otros (los llamados derechos sociales, entre otros el derecho a la vivienda). Y algunas de las reformas constitucionales que proponen los partidos de cara a las próximas elecciones van en esa dirección.
Este humilde texto, sin embargo, pretende sobre todo hacer reflexionar a través de una serie de preguntas: ¿por qué los partidos que más enfervorizadamente defienden la Constitución son los que más la incumplen?¿Por qué hay artículos que jamás deben desobedecerse, y algunos cuyo seguimiento es tan sólo relativo?¿Por qué ciertos apartados no se han modificado nunca, y apenas se han requerido un par de noches para cambiar otros?¿Como es que son los denominados "partidos anti-sistema" los que exigen cambios en el texto, y por qué estas alteraciones, en el fondo, dan la impresión de tratarse de intentos de que el espíritu original de la "ley de leyes" se cumpla de verdad?¿Es razonable que algunos fragmentos de la Constitución parezcan ahora mismo -más que una ley con vigencia- secciones del programa electoral de IU, Equo o Podemos?
Como muchos habréis adivinado, los fragmentos de "propuestas" que he colgado son en realidad artículos extraídos de la Constitución Española, con algunos ligeros cambios de orden y formato de cara a favorecer su exposición. Igualmente, hemos de ser conscientes de que, si la selección hubiera sido realizada de otra forma, el tono de las "propuestas" hubiera parecido muy distinto.
Varios artículos dicen que no hace falta modificar la Constitución: que el problema no es su contenido, sino que de ella se han apropiado precisamente los que nunca creyeron del todo en el texto. Pero nada más lejos de la intención de este post que argumentar que la Constitución de 1978 (una de las pocas de la historia de España que contiene mecanismos para cambiarla) no debe ser modificada. Por ejemplo, Julio Anguita protestaba de que, en virtud del artículo 23, se pueda reclamar ante el Tribunal Constitucional el incumplimiento de algunos epígrafes (los llamados derechos civiles), pero en cambio no se puedan reclamar otros (los llamados derechos sociales, entre otros el derecho a la vivienda). Y algunas de las reformas constitucionales que proponen los partidos de cara a las próximas elecciones van en esa dirección.
Este humilde texto, sin embargo, pretende sobre todo hacer reflexionar a través de una serie de preguntas: ¿por qué los partidos que más enfervorizadamente defienden la Constitución son los que más la incumplen?¿Por qué hay artículos que jamás deben desobedecerse, y algunos cuyo seguimiento es tan sólo relativo?¿Por qué ciertos apartados no se han modificado nunca, y apenas se han requerido un par de noches para cambiar otros?¿Como es que son los denominados "partidos anti-sistema" los que exigen cambios en el texto, y por qué estas alteraciones, en el fondo, dan la impresión de tratarse de intentos de que el espíritu original de la "ley de leyes" se cumpla de verdad?¿Es razonable que algunos fragmentos de la Constitución parezcan ahora mismo -más que una ley con vigencia- secciones del programa electoral de IU, Equo o Podemos?
En definitiva, ¿por qué algunos de los derechos incluidos en la Constitución se consideran ahora privilegios? O, diciéndolo de otra manera, ¿y si en lugar de reformar la Constitución, empezamos primero por creérnosla?
Lo mismo, a partir de entonces, las cosas empiezan a cambiar.
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